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LA IGUALDAD EN SANIDAD (OMS)
Determinantes sociales de la salud
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y los sistemas establecidos para combatir las enfermedades.
Esas circunstancias están configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas: económicas, sociales, normativas y políticas.
El lugar que cada cual ocupa en la jerarquía social afecta a sus condiciones de crecimiento, aprendizaje, vida, trabajo y envejecimiento, a su vulnerabilidad ante la mala salud y a las consecuencias de la enfermedad.
Con el fin de responder a las crecientes desigualdades, la Organización Mundial de la Salud estableció en el 2005 la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud.
El Informe Final de la Comisión, publicado en agosto de 2008, propone tres recomendaciones fundamentales:
1. Mejorar las condiciones de vida cotidianas
2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos
3. Medición y análisis del problema
Mejorar las condiciones de vida cotidianas
Entornos salubres para una población sana
El lugar donde vivimos afecta a nuestra salud y a nuestras posibilidad de tener una vida próspera. Las condiciones de vida de la población inciden de forma importante en la equidad sanitaria. El acceso a una vivienda de calidad, a agua salubre y a servicios de saneamiento es un derecho de todo ser humano. La Comisión pide:
- que mejore la disponibilidad y la asequibilidad de vivienda invirtiendo en la mejora de los barrios de chabolas, priorizando el abastecimiento de agua y electricidad y el saneamiento;
- que se promuevan las conductas sanas según criterios de equidad, en particular la actividad física, alentando una alimentación sana y la disminución de la violencia y los delitos mediante una ordenación adecuada del medio y la aplicación de controles reguladores, por ejemplo limitando el número de establecimientos de venta de alcohol;
- que se invierta de forma sostenida en el desarrollo rural;
- que las respuestas económicas y sociales al cambio climático y otros tipos de degradación medioambiental tengan en cuenta la equidad sanitaria.
Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno
El empleo y las condiciones de trabajo tienen efectos importantes en la equidad sanitaria. Cuando son buenos aportan seguridad financiera, posición social, desarrollo personal, relaciones sociales y autoestima, y protegen contra los trastornos físicos y psicosociales. La Comisión pide:
- que el pleno empleo y el trabajo digno sean objetivos centrales de las políticas sociales y económicas nacionales e internacionales;
- que se formulen políticas económicas y sociales que aseguren a los hombres y las mujeres empleos de calidad suficientemente remunerados, que tengan en cuenta el costo real y actual de una vida sana;
- que todos los trabajadores estén protegidos por normas y políticas laborales básicas internacionales;
- que mejoren las condiciones laborales de todos los trabajadores.
Protección social a lo largo de la vida
Todo el mundo necesita protección social a lo largo de la vida: en la infancia, durante la vida laboral, y en la vejez. Esa protección también es necesaria en determinadas circunstancias inesperadas, como en caso de enfermedad, discapacidad y pérdida de ingresos o del trabajo. Extender la protección social a toda la población, en los países y en el mundo, constituirá un paso decisivo para alcanzar la equidad sanitaria en una generación. La Comisión pide:
- que se establezcan políticas integrales de protección social y se refuercen las existentes;
- que se vele por que los sistemas de protección social incluyan a quienes están en situación de precariedad laboral, en particular quienes trabajan en el sector no estructurado, el servicio doméstico o la asistencia a otras personas.
Atención de salud universal
El acceso y la utilización de los servicios de salud son esenciales para gozar de buena salud y alcanzar la equidad sanitaria. Sin atención sanitaria, muchas de las oportunidades para mejorar radicalmente el estado de salud desaparecerán. Cada año, más de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza debido a que han de hacer frente a gastos sanitarios de consecuencias catastróficas para sus familias. La Comisión pide:
- que se disponga de sistemas de atención de salud basados en los principios de equidad, prevención de la morbilidad y promoción de la salud con cobertura universal, centrados en la atención primaria de salud, con independencia de la capacidad de pago.
Zerolo denuncia la desatención del PP a los niños y a familias madrileñas
Madrid, 3 sep (EFE).- El portavoz de Asuntos Sociales del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Zerolo, ha denunciado hoy la "falta de apuesta y de sensibilidad social por la infancia y por la familia" del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y ha criticado que las cantidades destinadas a apoyarlas son "absolutamente insuficientes".
Tras la aprobación hoy en la Junta de Gobierno de una partida de 9,5 millones, de 2010 a 2012, para los centros de Atención a la Infancia (CAI) y de 7,1 millones para la gestión de los siete centros de Apoyo a la Familia (CAF) en los tres próximos años, el concejal socialista ha subrayado que estas cantidades ponen de manifiesto "la desatención" a las familias del Gobierno municipal.
Zerolo ha puesto de manifiesto el hecho de que sólo existan ocho CAI y siete CAF para los 21 distritos de la capital, lo que implica que muchos ciudadanos necesiten más de una hora de transporte público para llegar a estos centros, de cuya existencia, además, "no se informa suficientemente a los madrileños".
Así, por ejemplo, ha asegurado que el CAF del distrito de Tetuán da atención también a Fuencarral y a Chamartín, tres distritos con una población total de más de 530.000 personas, para las que un sólo CAF "resulta claramente insuficiente".
Además, los "escasos" centros que hay "carecen de medios y personal" y cuentan "con largas listas de espera", ha agregado el concejal, quien ha sostenido que Madrid necesita al menos un centro de estas características por distrito para "poder apoyar realmente a las familias y a la infancia, y para prevenir situaciones de riesgo".EFE
VACUNA PARA LA GRIPE A
Sanidad vacunará a trabajadores sanitarios, embarazadas, niños hasta los 14 años y enfermos crónicos
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, avanzó hoy, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que recibirán la vacuna de la gripe A los trabajadores sanitarios y "de otros servicios esenciales básicos", las embarazadas, los niños "hasta los 14 años de edad", y todos los pacientes con patologías crónicas graves o problemas de obesidad, considerado también como "un factor de riesgo". Entre los pacientes con enfermedades crónicas graves se encuentran los que sufran patologías cardiovasculares, asma, EPOC, diabetes, insuficiencia renal y personas inmunodeprimidas, en general, según adelantó la ministra, quien explicó que el límite de edad para vacunar a los niños se fijará en los 14 años por ser "la edad pediátrica establecida".
Recordó que estas determinaciones son fruto "del trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas y con los expertos los internacionales, para identificar cuanto antes qué población debe ser vacunada".
No obstante, subrayó que la estrategia de vacunación definitiva para España será la que Sanidad consensúe con el resto de las autoridades de la UE, con la que seguirá trabajando el Gobierno y la Presidencia sueca de la UE "a lo largo de agosto y septiembre" y que se volverá a tratar en octubre, en el marco de un nuevo Consejo extraordinario de Ministros de Sanidad de la UE.
"Quiero que tengan la completa seguridad de que todas las personas -fundamentalmente las que les acabo de enumerar- que lo necesiten tendrán la vacuna, porque están incluidas en la población de riesgo, y que si se ampliaran los grupos de riesgo, también se ampliaría la cobertura vacunal", recalcó.
Jiménez informó de que será la Comisión de Salud Pública la que defina la estrategia de vacunación para la gripe estacional y su calendario de inicio y desarrollo "para que sea común en toda España, lo cual se va a ir abordando en las próximas semanas".
Asimismo, notificó que el ministerio y las comunidades autónomas disponen ya de planes de contingencia para los servicios sanitarios de cara al posible repunte de la gripe A en otoño, dispuestos incluso "para ser activados en este próximo mes de agosto".
No obstante, dice que aún "se está ultimando" una guía común para desarrollar planes de contingencia en el trabajo para el repunte. Ratificó que el Gobierno adquirirá 37 millones de dosis de vacuna, para cubrir "hasta a un 40 por ciento de la población española", y que se dispondrá de la misma "en otoño, al mismo tiempo que el resto de países grandes de la Unión Europea". Anunció "para el próximo 31 de agosto" una nueva sesión extraordnaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para hablar de gripe A, esta vez para prever medidas para el inicio del curso escolar, y recordó que el 14 de agosto se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional para la Prevención, el Control y el Seguimiento de la evolución Epidemilógica del virus de la gripe A.
Reconoce la ministra que el nivel de preocupación sobre la gripe A se ha "incrementado de manera notable" en las últimas semanas, tanto a nivel nacional como internacional, porque el nivel de contagio es "cada vez mayor", con 1.806 casos confirmados en España hasta ahora. Asimismo, admite que, también en las últimas semanas, se ha podido constatar "un cambio cualitativo en la percepción social de la enfermedad" por el incremento del número de casos, el hecho de que hayan muerto también jóvenes sin patologías de base o la aparición de brotes diversos en campamentos infantiles de verano.
De estos afectados, 19 son casos graves ingresados en la UCI desde mediados de junio, de los que tres están en Cataluña y Navarra; dos en Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid, respecivamente; y uno en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Baleares, respectivamente, que "permanecen estables". "Ya pasaron a planta otros 16 pacientes que estaban graves", concluyó.
IMPORTANTE LEERLO PARA OPINAR
CARMEN SANCHEZ CORAZO
El lobby neoliberal del PP boicotea a España en EEUU
Un informe contra el sector de las renovables distancia a Obama del modelo español y amenaza contratos multimillonarios.
La campaña más organizada y dura contra España en el exterior no procede esta vez de Rusia, que el mundo conservador solía considerar culpable. Procede precisamente del corazón de este mundo conservador español: el lobby más liberal del Partido Popular (PP), con conexiones directas con José María Aznar y Esperanza Aguirre, boicotea en EEUU las esperanzas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por convertirse en referente verde de la Administración Obama.
El mayor daño colateral de esta campaña política alimentada por el PP lo sufre el sector español de la energía renovable, que partía en situación de ventaja para beneficiarse del gigantesco plan de estímulo para cambiar el modelo energético de EEUU, cifrado en 600.000 millones de dólares. De ellos, casi 100.000 irán a impulsar las inversiones en energías renovables.
Tras el hito de que Obama citara a España como modelo en renovables, en febrero, Gabriel Calzada, un economista de 37 años protegido por Aznar y Aguirre y vinculado al lobby petrolero que lidera Exxon Mobil, elaboró a toda prisa un informe en inglés, destinado al consumo estadounidense, para demostrar que el modelo español es catastrófico.
El estudio, con membrete de la Universidad Rey Juan Carlos, pero elaborado por tres activistas del Instituto Juan de Mariana, fuerza de choque ultraliberal en la órbita del PP, se benefició de toda la red de contactos cultivado por Aznar institutos vinculados a FAES, medios del grupo News Corp y lobbies republicano y petrolero y ha tenido un gran impacto en EEUU: más de 300 medios internacionales se han hecho eco de sus conclusiones y aún hoy no ha cesado el goteo, que martillea la imagen de España y las expectativas de negocio de las empresas.
Negacionismo climático
En su gira por EEUU, en mayo, Calzada, que lidera en España el grupo negacionista del cambio climático, llegó a culpar a las energías renovables del estallido de la "burbuja española". Su mensaje: EEUU no tiene nada que aprender de España. "Es muy difícil comprender que EEUU quiera aprender cómo crear empleo de un país como España", afirmó en Fox News entre risotadas del presentador, Glenn Beck, que se burló de España y de Zapatero durante toda la entrevista.
El informe, cuya repercusión aquí ha sido nula excepto en el universo mediático de Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez, sostiene que cada empleo creado en renovables destruye 2,2 puestos de trabajos en otros sectores. El documento ha sido contestado por los expertos salvo los adscritos al campo negacionista, pero ha tenido efectos devastadores hasta el punto de que obligó al portavoz de Obama a pronunciarse.
Destruir la marca España
"Se trata de destruir la imagen de España como posible modelo y asociar las energías renovables al paro. La marca España como modelo verde ha quedado muy tocada. Obama ya no utiliza más a España como referente", explica un consultor medioambiental de EEUU con muy buenos contactos en Washington.
El efecto es tan devastador que obligó a la Secretaría de Estado sobre el Cambio Climático a redactar un contrainforme y remitirlo al Congreso estadounidense. La Fundación Ideas, del PSOE, también trató de contrarrestar su incidencia a través del Center for American Progress (CAP), think tank próximo a los demócratas.
Los esfuerzos del Gobierno saben sin embargo a poco a la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), que reclama a Industria mayor apoyo. "La mejor respuesta sería un gran plan de renovables, pero no lo vemos", apunta Javier García Breva, uno de sus directivos, muy dolido con el informe difundido en EEUU: "Hemos creado una industria nacional con tecnología propia y ahora se daña su imagen. El informe perjudica mucho los intereses de la industria española y nuestra posición de liderazgo mundial".
Pese a que el PP y la derecha española fijan entre sus prioridades teóricas el apoyo a las empresas y aspiran a la mejor relación posible entre Washingtony Madrid, detrás de la agresiva campaña en EEUU contra la imagen de España y de las empresas renovables está un lobby ultraliberal alimentado por el PP y atrincherado en el Instituto Juan de Mariana, dirigido por Calzada, con conexiones directas con Aguirre, Aznar y Federico Jiménez Losantos. Ni Calzada ni nadie del Juan de Mariana han querido contestar a las preguntas de Público.
Pese a que el informe anti-renovables, de 51 páginas, fue redactado por tres activistas de este Instituto Gabriel Calzada, director, Raquel Merino y Juan Ramón Rallo, para ganar respetabilidad fue lanzado en EEUU con el membrete de la Universidad Rey Juan Carlos, que da al Juan de Mariana un trato preferente bajo la protección del catedrático Jesús Huerta de Soto, ultraliberal de la "escuela austriaca" y colaborador de FAES, la fundación presidida por Aznar.
Fuentes de la Universidad esgrimen la libertad de cátedra para desentenderse del documento, pero no explican por qué se autorizó su difusión con membrete de la Universidad Rey Juan Carlos en la portada y todas las páginas interiores, pese a que se trata únicamente de profesores asociados y sólo pueden utilizar membrete los titulares. No es lo mismo irrumpir en EEUU como activistas del Instituto Juan de Mariana que bajo el paraguas de la universidad que además lleva el nombre del jefe del Estado.
La sintonía de la Rey Juan Carlos con el Instituto ultraliberal va mucho más allá: lo ha acogido como centro adscrito, ampara dentro de su programa oficial los cursos de verano que organiza, beca a los alumnos y canaliza la generosa subvención específica que le otorga, en tanto que centro adscrito, el Gobierno de Aguirre: 201.398 euros para 2009
SUSPENSO EN GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA
Directores de servicios sociales alertan del retraso de Murcia, Canarias, Madrid, Valencia y Extremadura al aplicar la ley
CARMEN MORÁN - Madrid - 11/06/2009
Cinco comunidades autónomas suspenden en su gestión de la Ley de Dependencia, algunas estrepitosamente, como Murcia, Canarias, Madrid y Valencia; Extremadura roza el aprobado. El mayor salto lo ha dado Baleares, que ha pasado de un 3,5 en el anterior examen a un 6,5. Y las más avanzadas son Andalucía, Castilla y León y País Vasco, que obtienen un notable muy alto. La Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha vuelto a calificar, pasado medio año, la gestión de las comunidades con los mismos criterios que la vez anterior: solicitudes de los ciudadanos, personas evaluadas, normativa desarrollada para poner en marcha la ley, apoyo a los servicios sociales de los ayuntamientos, buenas prácticas, equilibrio entre las prestaciones que se conceden (residencias, ayuda económica), etcétera.
José Ramírez: "La política no puede utilizar como rehén al más vulnerable"
Las autonomías más coordinadas con los municipios funcionan mejor
Por cada uno de esos conceptos les concede cero, medio o un punto. Pasados dos años y medio de implantación de la Ley de Dependencia se observa cómo algunas han ido haciendo los deberes mientras que otras siguen estancadas. Murcia está en la peor situación de todas, ha caído de un 2 a un 0,5: es la única comunidad que aún no ha desarrollado una normativa apropiada para implantar esta ley. La asociación se planteó quitar ese criterio porque ya todas las autonomías lo han satisfecho y posiblemente lo hagan en la siguiente evaluación. De haberlo hecho, la comunidad murciana habría estado por debajo del cero.
"Nos preocupa, en todo caso, la situación de las cuatro últimas, Murcia, Canarias, Madrid y Valencia, porque no sólo siguen figurando en los mismos lugares, sino que apenas mejoran su calificación, evidenciando algo más que problemas técnicos o de financiación", dijo ayer el director de esta asociación, José Manuel Ramírez. "Ningún desacuerdo político puede utilizar como rehenes a los ciudadanos más vulnerables ni especular con el sufrimiento de las personas más necesitadas", añadió. A su parecer, "las comunidades que tienen una mejor coordinación con los ayuntamientos, encargados desde hace 30 años de los servicios sociales, son las que mejores resultados obtienen, las que más ayudas están prestando ya".
En esta evaluación se han corregido algunas desviaciones del informe anterior. Se restaña un error que afectaba a Castilla-La Mancha, que sí utiliza profesionales de los servicios sociales básicos para elaborar los informes sobre las personas que solicitan una ayuda (ha pasado de un 6 a un 7,5) y se recoge la existencia de normativa específica en Cataluña que, a pesar de todo, no consigue mayores progresos que un 5,5.
La asociación valora la oportunidad que se presenta con el nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social para mejorar la coordinación sociosanitaria. Entiende que es necesaria en muchos casos, por ejemplo cuando se trata de enfermedad mental, pero recuerda que llevar esta ley por completo al territorio sanitario es inviable: "Muchas de las personas que son dependientes no están enfermas ni usan los servicios médicos más de lo que lo haría cualquier persona. Lo que sí necesitan son apoyos sociales, o sociosanitarios, pero dentro de los servicios sociales que son los que deben constituir el cuarto pilar del Estado de bienestar, no la Ley de Dependencia, como se ha vendido en tantas ocasiones", opinó Ramírez.
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